
Por Martín Gómez G.
Esa es la pregunta que resuena en las últimas horas en todo el país. No solo en Michoacán, sino en cada rincón donde alguien se atreve a mirar la realidad sin los filtros del poder.
Millones de conjeturas, pero una sola certeza: si a una figura tan visible como el alcalde de Uruapan pudieron asesinarla en plena acto público y frente a su gente, entonces nadie está a salvo. Ni el que denuncia, ni el que calla, ni el que simplemente observa.
Carlos Manzo no era un político cualquiera. Su nombre ya rebasaba las fronteras de Michoacán. Era conocido del norte al sur, y lo había logrado sin el sello de ningún partido. Ni Morena, ni PRI, ni PAN podían adjudicarse su ascenso. Llegó a la presidencia municipal como candidato ciudadano, y eso lo convertía en una rareza: un hombre con poder propio en tiempos donde casi todo se compra o se alquila.
¿Representaba un riesgo político más que económico? ¿Molestaba más por su influencia que por su gestión? ¿O fue, simplemente, otro mensaje del crimen a un Estado que ya parece resignado a convivir con la muerte?
El crimen de Carlos Manzo ha hecho trizas la agenda presidencial. La mandataria tuvo que suspender la mañanera prevista en Los Pinos, donde planeaba hablar del Mundial de fútbol. La sangre en Uruapan cambió el guion de un país que prefiere los festejos a los funerales.
Mientras tanto, en Michoacán, el dolor se convirtió en símbolo. En las calles ya se habla del “movimiento del sombrero”, en honor a la prenda que distinguía a Manzo. Y aunque el sombrero ya no cubre su cabeza, parece que empieza a cubrir el vacío que dejó su muerte.
Porque más allá de quién disparó, la pregunta real es otra:
¿quién permitió que matar a un alcalde se volviera rutina?
Por Martín Gómez G. / Dimax News
En México ya no se mata solo al que estorba, también al que inspira.
Y eso, quizá, explica por qué hay tanto silencio y tan poca esperanza.
