Veracruz, Ver.- Integrantes de comunidades indígenas de distintas regiones del estado han denunciado presuntas irregularidades en el proceso de selección de empresas para ejecutar obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), señalando la supuesta participación de personal de la Delegación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, funcionarios del INPI Veracruz, presuntamente siguiendo directrices de la delegada estatal, Magdalena Hernández Hernández, habrían acudido a asambleas comunitarias para sugerir o recomendar la contratación del empresario Ángel Manuel Sánchez Medina, identificado por algunos actores políticos y comunitarios como cercano al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Representantes indígenas consultados consideran que este tipo de acciones podrían constituir una intromisión en la autonomía de las comunidades, las cuales, conforme al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuentan con el derecho de decidir de manera libre y autónoma el destino de los recursos públicos que reciben.
Algunos habitantes afirman haber documentado estas reuniones mediante fotografías, audios y videos, con la intención de presentar denuncias ante autoridades estatales y federales, incluyendo a la gobernadora de Veracruz y a instancias del Gobierno Federal.
Las inconformidades surgen en un contexto en el que las comunidades indígenas y afromexicanas ejercen por primera vez recursos públicos de manera directa tras la reforma constitucional aprobada en 2024, que les reconoció el carácter de sujetos de derecho público.
Datos oficiales indican que durante 2026 un total de 2 mil 573 comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz administrarán más de mil 560 millones de pesos provenientes del FAIS, cifra superior a la ejercida el año anterior.
En días recientes, el delegado federal de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, reiteró públicamente el llamado a las comunidades para que no acepten recomendaciones o imposiciones de empresas constructoras por parte de actores externos, subrayando que las decisiones sobre la ejecución de obras deben recaer exclusivamente en las asambleas comunitarias.
Hasta el momento, ni la Delegación del INPI en Veracruz, encabezada por Magdalena Hernández Hernández, ni el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ni el empresario Ángel Manuel Sánchez Medina han emitido un posicionamiento público respecto a estos señalamientos.